cien años de ypf: estado, sociedad y territorialización

El 3 de junio de 2022 se cumplieron 100 años de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una empresa estatal que sostuvo la actividad extractiva petrolera en el territorio argentino y que fue un agente colonizador y generó fuertes transformaciones en el territorio y en la vida cotidiana de muchas ciudades y pueblos.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia aún puede visitarse el histórico Pozo N° 2, lugar donde se buscaba agua y que el 13 de diciembre de 1907 brotó una sustancia negra proveniente de 500 metros debajo de la superficie. El “oro negro” se presentaba por primera vez en la historia argentina en una localidad de reciente creación. Así, Comodoro Rivadavia se convirtió en un enclave petrolero dedicado a la extracción del crudo. En los años siguientes, muchas empresas extranjeras comenzaron a establecerse en la zona y debido a ello se creó en 1910, la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia con la finalidad de regular la inminente actividad petrolera.

 Imagen 1: Foto primer pozo de agua en Comodoro Rivadavia en donde se descubrió petróleo el 13 de diciembre de 1907. (Foto sin autor)

 

 

 
 
 
El crecimiento de la actividad comenzó a partir de nuevos pozos cercanos a la ciudad y en otras regiones, proceso que fue acompañado por el establecimiento de los campamentos petroleros que luego se convirtieron en barrios, pueblos y ciudades.

Pero fue recién 15 años después de aquel descubrimiento, el 3 de junio de 1922, se creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en ese mismo año, se nombró al General Enrique Mosconi como Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Fue en este primer período de la empresa estatal, entre 1922 y 1930, donde se dio el primer impulso a la actividad bajo la idea de un “nacionalismo petrolero”.

La idea de Mosconi consistió en construir una empresa autosuficiente y autosustentable a partir del monopolio estatal. Gran parte de sus objetivos se cumplieron ya que la empresa construyó una destilería en La Plata en 1925 para asegurarse la producción de naftas, kerosene, fuel-oil y combustible de aviación. El modelo de la empresa fue inspirador de otras en América Latina como la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) en la República Oriental del Uruguay; los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Consejo Nacional de Petróleo en Brasil.

La empresa pasó de producir casi 349 mil metros cúbicos de petróleo entre 1922 y 1923 a cerca de 900 mil en 1929. A su vez, fue la encargada de tareas de exploración y explotación en diferentes regiones del país. Si bien en sus inicios Mosconi creyó conveniente la inclusión de capital externo, hacia 1928 confirmó la idea del monopolio estatal como única forma de sostener la soberanía sobre el recurso estratégico:

“No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio […] sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital privado”. (Enrique Mosconi, 1928)

Sin embargo, el Golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, desvinculó de la empresa al General Mosconi y cedió a empresas extranjeras la explotación de los yacimientos recientemente descubiertos por la empresa estatal en la provincia de Salta. Más allá de estos episodios y de algunos cambios en la estrategia en la dinámica de la empresa, en 1949 con la sanción de la nueva constitución peronista se generó cierto resguardo a la iniciativa de Mosconi. En el artículo 39 planteaba que:

“El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”. (Constitución de 1949, Art. 39)

Así también, el Artículo 40 sostenía que:

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”. (Constitución de 1949, Art. 40)

Puede visibilizarse en este último artículo el legado de la visión de Mosconi, sin embargo esta constitución y su espíritu, fue derogada luego del golpe de Estado de 1955 encabezado por Pedro Aramburu.
 
El rol de YPF en el territorio

El proceso de territorialización de YPF tuvo varias etapas que fueron acompañadas por decisiones políticas y alianzas con diferentes agencias estatales y privadas. Es así que con la aprobación de la primera Ley Nacional de Petróleo en 1932, se convirtió al territorio nacional en una gran reserva fiscal. Por otro lado, la política vial de la década de 1930, inauguró una etapa de desarrollo de una red nacional de carreteras que se inició en 1932 con 2.000 km y llegó a los 30.000 en 1943. Es por ello que “la participación de YPF en el mercado de combustibles, en expansión por el inicio de la red caminera, aumentó progresivamente entre 1931 y 1934” (Gorelik, 161). Debido a ello surgió la necesidad de una alianza entre la petrolera estatal y el Automóvil Club Argentino (ACA), un club social y deportivo fundado a principios de siglo que cooperó con Vialidad Nacional, relevando, señalizando y manteniendo miles de kilómetros de caminos. De esta manera, En 1936 el ACA firmó un convenio de exclusividad para la venta de los productos de YPF y construyó casi 80 estaciones de servicio entre 1937 y 1943. Esta red nacional de estaciones de servicio permitió, en muchos casos, volver transitables las nuevas rutas (Piglia, 2006: 6).

En su libro País urbano, país rural, Ballent y Gorelik (2001) plantea que “Las estaciones funcionaban como una suerte de comandos de vanguardia tecnológica, sinónimos de progreso y modernización.” (p. 161). Así, en una antigua publicidad sin fechar de YPF, se puede observar la leyenda:

“Vender 20 litros por día no es negocio. No importa, YPF también está en la zona donde no hay negocio, pero hay argentinos. En todas las regiones del país en que alguien necesite servicio. Y puede mantenerse allí, con la ganancia que obtiene en las zonas donde sí hay servicio”

La publicidad hace hincapié en la lógica de desarrollo territorial que tenía la empresa YPF estatal y la red de estaciones de servicio desplegadas en distintos puntos del país, que daba cuenta de la presencia del estado. En 1942 se lanzó el tramo final del plan vial en donde se desarrollaron una gran parte de las estaciones de servicio patagónicas. Para ello fue necesaria la alianza entre YPF-ACA-Parques Nacionales, en especial en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

 
 
La empresa estatal YPF generó una presencia central en la modalidad de ocupación del territorio que no se circunscribió a la explotación del mineral sino que abarcó una amplia red de equipamientos sociales, culturales, recreacionales y residenciales para el personal permanente. Ello se veía en el desarrollo urbano y regional que iba más allá de lo que le correspondería a cualquier empresa petrolera.

 
“De algún modo, YPF “subsidiaba” al territorio local donde se asentaba y tal decisión superaba una visión mercantilista de su rol y su función como empresa líder en el proceso de extracción, industrialización y comercialización del petróleo” (Rofman, 1999: 99)

Muchas ciudades petroleras contaban con cine, clubes y “barrios ypfeanos” construidos por YPF para el establecimiento de las familias de la empresa. En algunos casos, a las familias ypfeanas se les suministraba una vez por año pasajes de avión para visitar sus provincias y ciudades de origen, como así también una amplia gama de servicios asistenciales. Por otro lado, también existe una parte oscura y poco explorada de YPF y es que en algunos campamentos petroleros, la deserción era permanente, es por ello que la empresa se encargó de habilitar prostíbulos y casas de juego con el fin evitar el abandono de los puestos de trabajo y mantener a los trabajadores en la zona, dinámica que Cabrapan Duarte (2018) llama “prostitución reglamentada”.

Hasta inicios de la década de 1990, la empresa YPF estatal fue la principal responsable del proceso de exploración, extracción, destilación y venta de productos originados del subsuelo. También sostuvo soberanía en las islas Malvinas donde instaló tanques de petróleo frente a Puerto Argentino y brindó empleo a isleños para hacer esas tareas. También YPF construyó en Puerto Argentino la primera estación de servicio en las islas. Muchas de esas construcciones se encuentran en pie y funcionando hasta el día de hoy.

Todos estos hechos, sostuvo una fuerte presencia y territorialidad de la empresa estatal YPF en distintos puntos del país, construyendo redes y generando un fuerte impacto en el territorio y la vida cotidiana en casi todo el país, ya sea en las zonas de extracción o a partir de la presencia de estaciones de servicio en áreas tradicionalmente excluidas por el capitalismo al verlas como “poco rentables”.

Los procesos de desterritorialización y reterritorialización de YPF en el contexto del neoliberalismo

El proceso de “desterritorialización” y “reterritorialización” (Raffestin, 1993; Porto Gonçálvez, 2001 y otros), es entendido como la pérdida de la identidad espacial y modificación de las subjetividades sociales. Estos procesos simultáneos resultan a partir de la expansión geográfica del modo de producción capitalista mediante la producción de territorios específicos. Esto pudo evidenciarse a partir del impacto del Consenso de Washington en América Latina y en especial en Argentina a inicios de la década de 1990 en donde se llevó a cabo la Reforma del Estado que inició la privatización de YPF. La empresa estatal que generó un fuerte desarrollo territorial y fue clave en el manejo y administración de los bienes comunes petroleros, dejó de cumplir una función, propia del Estado Benefactor, y cedió ese control estratégico al capital privado. En muchos casos, las empresas estatales que controlaban bienes estratégicos como el petróleo, sólo dejaban de ejercer ese control si perdían una guerra. En el caso de Argentina no fue necesario disparar ni una sola bala.

El despojo y la desterritorialización fueron inmediatos, en agosto de 1990, YPF fue convertida en sociedad anónima sin participación directa del gobierno. Ello implicó la cesión de la mitad de los yacimientos a empresas privadas que representaban la mitad de la producción de petróleo en el país. También se vendieron tan sólo por 2 millones de dólares, 3 refinerías, la flota aérea y marítima, 52 equipos de perforación, boyas marítimas y puertos. (Calcagno, A. y Calcagno, E, 2001). En 1993 se vendieron el 45% de las acciones de la compañía en las bolsas de Nueva York y de Buenos Aires a un valor de aproximadamente el 20% se su valor real.

A fines de 1998, el Estado vendió 5,01% de sus acciones a Repsol que también en ese mismo año compró en la bolsa el 55% de las acciones y el 11% de la participación de las provincias, obteniendo con ello el 86% de YPF.  En este proceso de privatizaciones, el Estado se encargó de las indemnizaciones y los retiros voluntarios como así también de dejar la infraestructura en manos de capitales privados que sólo se limitarían a realizar declaraciones juradas “de buena fe” y sin fiscalización de lo que se producía y exportaba.

El impacto en el entramado social fue muy alto, el despojo de los trabajadores de sus medios de producción comenzó a notarse en las principales ciudades petroleras. Según Rofman (1999) en el año 1991, en la localidad de Caleta Olivia, existían aproximadamente 1436 agentes y sostiene que “dos años después, ya constituida la sociedad anónima con mayoría de capital privado, descendió a 350 trabajadores y, finalmente, en 1995 solamente revistaban en la empresa líder sólo 250 agentes ocupados” (p. 122)

La privatización de YPF desmoronó todo el entramado y redes de contención y protección estatal y se produjo lo que Robert Castel planteó como desafiliación, es decir,  la descomposición de sistema de integración social propuesto por el Estado durante casi 70 años y la pérdida de las inscripciones colectivas al desaparecer los mecanismos de promoción de políticas de bienestar y sostenimiento regional.

El geógrafo David Harvey identificó este proceso como el de acumulación por desposesión, en donde plantea que la depredación no fue solamente en la etapa originaria o primitiva de la acumulación que podría ser considerada previa o “exterior” al sistema capitalista (Harvey, 2004: 112). Lo que plantea esta autor es que en la actualidad se incorporan nuevos procesos de despojo que refieren a la mercantilización y privatización de los bienes comunes sociales, la expulsión de las poblaciones de sus medios de producción y la conversión de diversas formas de derecho colectivo y estatal en propiedad privada. También podemos decir que la permanencia de los procesos de acumulación se encuentra dialécticamente vinculados a los procesos de reproducción ampliada del capital (Galafassi, 2004). Es decir que sólo estamos hablando de nuevas formas en las que el capitalismo se expresa en su dinámica de despojo-cercamiento-acumulación-reproducción ampliada a partir de los bienes comunes naturales y sociales. Por otro lado, el Estado neoliberal como garante en este proceso de acumulación de las clases dominantes, tuvo un rol clave al facilitar las políticas que permitan la usura y la deuda pública como así también el ejercicio del monopolio de la violencia y el uso de sus aparatos represivos e ideológicos del Estado (Althusser, 1974) para promover dichos procesos.

YPF y el nuevo marco de protesta social

Como se analizó anteriormente, el avasallamiento sobre los bienes comunes sociales, generó que vastos sectores de la población quedaran despojados de sus medios de producción. Las ciudades petroleras que antaño mostraban excedente y pleno empleo se transformaron en ciudades vacías con un gran porcentaje de desocupación y familias que comenzaron a quedar por debajo de la línea de pobreza e indigencia generando nuevos núcleos de exclusión social a la par que la empresa privatizada obtenía rentas millonarias. En muy pocos casos, quienes fueron despedidos o se retiraron voluntariamente de la empresa estatal YPF pudieron reconvertirse en PyMEs. Las indeminzaciones y el dinero de los retiros voluntarios en muy poco tiempo comenzaron a desaparecer junto con las nuevas formas de trabajo asociadas a esa inversión de capital: quioscos, remises, video clubes, venta de comidas. En forma simultánea comenzaron a desplegarse nuevas formas de protesta social de desempleados de YPF en las áreas petroleras de Tartagal (provincia de Salta) y de Plaza Huincul-Cutral-Co (provincia de Neuquén). Durante varios años las protestas populares se manifestaron a través de los cortes de rutas (“piquetes”) para pedir un subsidio de desempleo y trabajo. Varios de esos piquetes fueron reprimidos y en uno de ellos, el 12 de abril de 1997, en localidad de Cutral Co (provincia de Neuquén), resultó asesinada la trabajadora doméstica Teresa Rodríguez de tan sólo 24 años. Este nuevo repertorio de protesta social se trasladó a otros grupos de desocupados en los grandes centros urbanos del país que tuvieron un fuerte protagonismo en la crisis de diciembre de 2001.

Paulatinamente, el boom petrolero de mediados de la década de 2000 y el crecimiento privado del sector generó cierto “olvido” de muchos de los ex trabajadores de YPF y sus protestas y cada vez menos críticas al nuevo modelo extractivo petrolero que fue liberado a las fuerzas del mercado sin ningún tipo de control o regulación rigurosa por parte del Estado. Una de las principales consecuencias de la gestión de Repsol-YPF, fue la disminución de las reservas de petróleo y situaciones de desabastecimiento y la extraordinaria obtención de renta por parte de las empresas privatizadas a costa de una muy baja inversión en el sector (Basualdo y Azpiazu, 2004;  Azpiazu, 2003).

En abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley de «Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» con el fin de que el Estado argentino recuperase el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. Si bien el mismo fue aprobado, la idea nunca fue volver al modelo de estatización completa propuesto por nacionalismo petrolero que planteó Mosconi, sino en un control mayoritario del Estado, aún asociado al capital transnacional.

Si bien el futuro de YPF dependerá de la acción política y su vinculación con el mercado, en la actualidad, la empresa se encuentra alineada con los modelos extractivos transnacionales y lleva adelante desde hace algunos años, prácticas como la fractura hídrica en la provincia de Neuquén, generando con ello diferentes impactos ambientales que cada día se evidencian más a partir de sismos en las localidades cercanas, tal como lo denuncia permanentemente el geógrafo Javier Grosso[1]. Por otro lado, si bien el estado es el socio mayoritario, el rol social y territorial de la empresa YPF Estatal no volvió a ser lo que fue en el siglo XX. Pese a ello, cabe destacar que es clave para la proyección del desarrollo de cualquier territorio, que los recursos naturales estratégicos sean de dominio público y no una mercancía sin control ni regulación en manos del capital privado extractivo.
 
 
Bibliografía consultada